¿Qué hubiera pasado si la tragedia de los mineros hubiera ocurrido en el gobierno de Bachelet?

Primero, se habría creado una comisión –con sede en Santiago–  de 40 miembros para determinar la magnitud del problema. Dentro de esa comisión se hubiera creado una subcomisión para calcular los costos, todo ello con un plazo máximo de 120 días para evacuar un informe a la Presidenta para que tome su decisión. Mientras, la comisión y la subcomisión hubieran encargados a empresas de estudio (de propiedad de algún concertacionista) que les elaboraran varios informes sobre el suelo, la ubicación, etc. de la mina. El primer problema hubiera surgido para saber cuántos socialistas, demócratas cristianos, PPD y radicales conformarían la comisión. El segundo problema es de qué partido será el que la presida. Luego de varios días de tirar y aflojar, se nomina gente experta en minería, como asistentes sociales, abogados, profesores, periodistas y matronas, quedando repartidos los cargos en proporción a los partidos de la concertación, y presidido por un socialista.

Mientras tanto, las familias de los mineros y la opinión pública presionan a la presidenta para una rápida solución, al tiempo que un vocero de la Moneda (Tohá o Vidal) acusan que la derecha está haciendo una campaña para entorpecer el funcionamiento de la comisión y azuzando a las familias para que reclamen. Luego de 90 días de funcionamiento, la comisión concluye que la mina es subterránea, que está cerca de Copiapó, que sobre ella hay una montaña y que hay 33 atrapados y que hay que rescatarlos. Como la comisión concluyó su trabajo antes del plazo de 120 días, es efusivamente felicitada por la presidenta por su eficiencia en entregar el trabajo antes del plazo.

Una vez que se ha concluido que hay que rescatar, se decide crear una nueva comisión para determinar la forma del rescate, integrada por 20 miembros. Luego de varios días de tirar y aflojar, se decide que estará integrada por cinco miembros de cada partido y que será presidida por un demócrata cristiano (ello porque la anterior comisión fue presidida por un socialista). Luego de varios días de discusión, la comisión entrega su informe a la presidenta, donde le señala que hay varias alternativas para el rescate: la primera es entrar por la misma mina y excavar en la zona del derrumbe. La otra alternativa es hacer un sondaje. Luego de dos semanas de análisis de la propuesta, la presidenta decide que debe hacerse un sondaje. Luego de ello, el gobierno contrata a una empresa de estudios (propiedad de algún ex ministro concertacionista) para que le haga un nuevo cálculo de los costes del rescate. Evacuado el informe el gobierno llama a licitación por un plazo de 60 días a través del portal Chilecompras a empresas que presten el servicio de sondaje. Como dentro de ese plazo no se presenta ninguna empresa propiedad de un concertacionista, la licitación se extiende por 30 días más (para darle tiempo a un concertacionista que forme una empresa de sondaje). Finalmente, esta empresa se gana la licitación, por una suma estratosférica. Lamentablemente, ya han pasado varios meses y los mineros ya a esta altura están muertos. Como así ocurrió, los voceros de gobierno acusan a la derecha de que por culpa de entorpecer la labor de las comisiones el rescate se ha demorado. Como toda esta situación ha provocado baja en la popularidad de la presidenta y del gobierno, por aquellos mismos días se da a conocer por el diario La Nación que Pinochet tenía una cuenta secreta en el Banco de Ruanda con lingotes de platino. Al mismo tiempo, Camilo Escalona señala que el derrumbe tiene su origen en el gobierno militar cuando se trató de usar la mina para esconder los cuerpos de detenidos desaparecidos.

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